La Comunidad de Madrid ha decidido no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al considerar que la reunión está diseñada para sacar adelante un modelo de financiación pactado previamente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana.
Así lo ha defendido la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que ha cargado contra lo que denomina el «modelo Junqueras» y sostiene que las comunidades autónomas no han tenido capacidad real para modificar la propuesta.
«Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras», ha afirmado Albert, quien asegura que al Gobierno le basta con el respaldo de Cataluña para sacar adelante un sistema que, a juicio del Ejecutivo madrileño, «atenta contra la igualdad de todos los españoles».
Madrid denuncia un coste de 822 millones al año
Albert ha puesto también cifras al rechazo de la Comunidad de Madrid. Según los cálculos expuestos por la consejera, el nuevo reparto supondría para Madrid un coste adicional de 822 millones de euros al año, mientras que Cataluña se ahorraría 1.124 millones.
Se trata de cifras aportadas por el Gobierno regional en su crítica al nuevo modelo de financiación.
La consejera también ha denunciado falta de información sobre algunos de los elementos fundamentales de la propuesta. Según ha explicado, Madrid ha reclamado tanto a la anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero, como al actual titular de la cartera, Arcadi España, los números y cálculos utilizados para elaborar el modelo.
Albert asegura que la Comunidad sigue sin conocer cuánto aportará el Estado a la nivelación, qué criterios determinarán el reparto del fondo de convergencia o en qué plazos se cobrarán las cantidades prometidas.
Albert denuncia una «armonización por la puerta de atrás»
Otro de los puntos que provoca el rechazo frontal del Ejecutivo madrileño es la política fiscal. Albert acusa al Gobierno de tratar de introducir «por la puerta de atrás» una armonización que, según sostiene, no ha podido sacar adelante en el Congreso por falta de apoyos.
Madrid vuelve así a situar la financiación autonómica y su autonomía fiscal como un nuevo frente político con el Ejecutivo central.
La Comunidad reclama que cualquier reforma del sistema se negocie de manera multilateral entre las autonomías, con transparencia y con «luz y taquígrafos», frente al acuerdo que Albert atribuye al Gobierno de Sánchez y a ERC.
«Una reforma que beneficie a todos los españoles y no solo a Sánchez y al independentismo», ha sentenciado la consejera.
