La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, con el que el Gobierno central ha actualizado para este año la capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de protección de menores extranjeros no acompañados, dentro del mecanismo que permite su redistribución entre comunidades en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El recurso fue presentado el pasado 1 de septiembre por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y, según ha informado el Ejecutivo autonómico, ya ha sido admitido a trámite.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se opone al sistema y lo define como un “reparto forzoso”. Madrid sostiene que invade sus competencias en materia de protección de menores y asistencia social, una interpretación que forma parte de la posición jurídica defendida por el Ejecutivo regional y que deberá resolverse en los tribunales.
El Real Decreto 556/2026, publicado en el BOE el pasado 3 de julio, fija para Madrid una capacidad ordinaria de 2.471 menores extranjeros no acompañados. Para el conjunto de España, la cifra establecida asciende a 17.081.
Madrid mantiene seis actuaciones judiciales
El nuevo recurso eleva a seis las actuaciones judiciales que, según la Comunidad, mantiene abiertas frente a diferentes decisiones del Gobierno central relacionadas con esta política migratoria.
El origen de la disputa se encuentra en el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado en marzo del año pasado. La norma modificó la legislación de extranjería para establecer un mecanismo de redistribución de menores extranjeros no acompañados cuando se declare una situación de contingencia migratoria extraordinaria.
Madrid también recurrió ese Real Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional, al igual que otras comunidades autónomas. El BOE recoge la existencia de distintos recursos de inconstitucionalidad contra los preceptos introducidos por la norma.
La Comunidad ha llevado igualmente ante el Supremo el Real Decreto 658/2025 y los reales decretos 743/2025 y 556/2026. Estos dos últimos determinan la capacidad ordinaria de los sistemas de protección autonómicos para atender a menores extranjeros no acompañados.
El Ejecutivo madrileño cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia pueda establecer esa capacidad mediante el mecanismo diseñado en el Real Decreto-ley 2/2025 mientras su constitucionalidad se encuentra impugnada.
Madrid intenta frenar los traslados mientras se pronuncian los tribunales
La estrategia judicial de la Comunidad también alcanza procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a Madrid.
El Gobierno regional asegura que ha solicitado la suspensión de esos procedimientos para evitar que los traslados se ejecuten mientras continúa pendiente la resolución sobre la constitucionalidad del sistema.
La regulación estatal establece que, cuando exista una situación de contingencia migratoria extraordinaria, pueden realizarse redistribuciones de menores entre comunidades y ciudades autónomas mediante una fórmula que tiene en cuenta, entre otros elementos, la población y el esfuerzo realizado por cada territorio.
El último decreto mantiene además los efectos de las declaraciones de contingencia realizadas conforme a las cifras de 2025 mientras el sistema de protección del territorio correspondiente continúe superando tres veces la nueva capacidad ordinaria establecida para 2026.
Otro frente por los menores solicitantes de asilo
La batalla judicial entre Madrid y el Gobierno central también se ha extendido a los menores solicitantes de protección internacional.
Según recuerda el Ejecutivo autonómico, la Abogacía General acudió al Tribunal Supremo en este ámbito y el tribunal determinó que la atención de esos menores solicitantes de asilo correspondía al Estado al tratarse de una competencia estatal en materia de protección internacional.
Con el nuevo recurso contra el Real Decreto 556/2026, el Gobierno de Ayuso mantiene abierta su ofensiva jurídica contra el modelo estatal de redistribución, mientras los tribunales deberán resolver tanto los recursos contra su desarrollo reglamentario como las impugnaciones planteadas sobre la base legal del sistema.
