La Comunidad de Madrid eleva la presión sobre la Delegación del Gobierno por la acampada de la Puerta del Sol. El Ejecutivo regional ha enviado un requerimiento formal al delegado del Gobierno para que ordene el desalojo de la plaza en un plazo máximo de 48 horas y advierte de que, si no actúa, llevará el asunto ante los tribunales.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado la decisión del Gobierno madrileño y ha advertido de que la Comunidad está dispuesta a solicitar medidas cautelares para conseguir el desalojo.
El requerimiento abre así un plazo de 48 horas para que la Delegación del Gobierno dé las instrucciones que reclama el Ejecutivo autonómico.
Si transcurre ese tiempo sin una actuación, la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial correspondiente.
Madrid amenaza también con acciones penales
El Gobierno regional no descarta ir más allá.
La Comunidad señala que, si el delegado del Gobierno no atiende el requerimiento, además del recurso contencioso-administrativo y la petición de medidas cautelares, se reserva el derecho de emprender otras actuaciones judiciales.
Entre ellas contempla incluso acciones penales contra el delegado del Gobierno, según ha anunciado el Ejecutivo autonómico.
La decisión endurece considerablemente el enfrentamiento institucional provocado por la permanencia de la acampada en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid y justo frente a la sede de la Presidencia autonómica.
“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir”
García Martín ha utilizado términos especialmente duros para justificar el ultimátum.
“La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol”, ha afirmado el consejero.
El dirigente madrileño responsabiliza ahora a la Delegación del Gobierno de dar una respuesta a la situación y deja claro que la Comunidad recurrirá a la Justicia si no obtiene esa actuación dentro del plazo establecido.
“Le damos al delegado del Gobierno esas 48 horas para que atienda este requerimiento y, en caso de no hacerlo, presentaremos el correspondiente recurso contencioso administrativo”, ha advertido.
La batalla por Sol pasa a los tribunales
El movimiento del Ejecutivo madrileño transforma el enfrentamiento político por la acampada en una posible batalla judicial.
La Comunidad ya no se limita a reclamar públicamente una actuación de la Delegación del Gobierno. Ahora ha formalizado su exigencia mediante un requerimiento y ha establecido un plazo concreto: 48 horas.
A partir de ese momento, el Gobierno madrileño amenaza con acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitar medidas cautelares.
La advertencia de posibles acciones penales incrementa todavía más la presión sobre el delegado del Gobierno.
La Puerta del Sol se convierte así en escenario de un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, con el Ejecutivo autonómico decidido a acudir a los tribunales si la Delegación no ordena el desalojo de la acampada.
